Durante el último tiempo, quienes arriendan una porción de su propiedad o predio para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones han notado un cambio radical en los contratos. Los operadores han incorporado extensas cláusulas sobre ética, transparencia y prevención de delitos, citando leyes como la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y la Ley de Delitos Económicos. A través de este lenguaje técnico y riguroso, las empresas exigen a los propieta