De socios a “okupa”: El laberinto de la conectividad

La historia de “Don Julián y el gigante de hierro” que compartimos recientemente es mucho más que un relato de ficción; representa el retrato fiel de un fenómeno sistémico que se ha vuelto común en el rubro de las infraestructuras de telecomunicaciones. Es, en esencia, el síntoma de cómo la modernización de los procesos globales ha transformado radicalmente la relación entre el territorio —habitado por personas— y la tecnología, hoy gestionada por colosos corporativos internacionales. Esta es la compleja realidad cotidiana de miles de propietarios que, tras años de convivir con una torre en sus predios bajo un espíritu de colaboración y progreso, hoy se descubren invisibles frente a dinámicas corporativas que parecen haber dejado atrás los altos estándares de antaño.

Para comprender por qué tantos contratos asociados a infraestructura crítica han caído en la precariedad y un vacío de respuesta, es necesario observar el mapa completo de una industria que, en su búsqueda de eficiencia, ha generado una red de capas interconectadas donde se ha extraviado la capacidad de diálogo.

Históricamente, el desarrollo de las telecomunicaciones se basaba en una relación lineal y directa: el dueño del suelo y el prestador del servicio compartían un propósito común. Sin embargo, la evolución del mercado y los hitos regulatorios  fueron modificando esa relación, como la promulgación de la Ley N° 20.599, denominada Ley de Torres, que fomentó la colocalización con el objetivo principal de reducir el impacto ambiental y visual, sobre esa base se impulsó un cambio estructural profundo que introdujo en los mercados la figura del operador intermedio de telecomunicaciones, empresas torreras que llegaron a la industria para adquirir y administrar la infraestructura de los operadores de telecomunicaciones propiamente tales.

Este nuevo diseño separó la propiedad de la torre de la operación de la red, dejando la gestión de estos activos en manos de intermediarios financieros y especialistas en infraestructura, que, en la práctica, significó una despersonalización de los vínculos territoriales. Estas empresas intermediarias, al intentar relacionarse de manera unívoca y sistemática con miles de contratos en distintos países, han perdido la capacidad de comprender la particularidad de cada caso, produciendo una dramática dilución de la responsabilidad administrativa.

A este escenario se suma un fenómeno de presión en cascada que produce un círculo vicioso: el operador de infraestructura justifica su falta de flexibilidad culpando a las exigencias de su cliente, el operador de telefonía, y este último, a su vez, se desentiende de la gestión del suelo. En esta cadena, el dueño del terreno termina siendo el eslabón que debe absorber el ajuste financiero de dos gigantes que, debido a su separación de roles, ignoran la responsabilidad sobre las problemáticas que generan a nivel territorial.

En esta figura que podríamos definir como “Okupa Corporativo”, no suele existir una intención consciente de negligencia, sino que la toma de decisiones se ha desplazado hacia estructuras tan ramificadas que el origen de la inercia se vuelve difícil de rastrear. Surge así una paradoja: empresas con altos estándares éticos globales que, en la práctica local, parecen incapaces de cerrar un ciclo contractual sencillo.

Al tratar al proveedor de suelo como un costo residual y no como un socio estratégico, se ignoran los propios principios de sostenibilidad corporativa, dado que no resulta posible sostener una imagen de "buen vecino" ante inversionistas internacionales cuando, en la práctica, se utiliza la asimetría legal para mermar el patrimonio de quienes permiten la conectividad.

En esta cadena de silencios, si bien nadie es responsable todos quedan atrapados: el propietario se vuelve invisible tras procesos automatizados a miles de kilómetros; el operador de infraestructura queda en un limbo operativo sujeto a terceros; y el operador de servicio pierde el rastro de la base física que sostiene su red. El resultado no es un conflicto de voluntades, sino un desajuste de procesos donde la realidad territorial —el respeto al código civil y la propiedad— se desvanece en una planilla global.

Este vacío de interlocución finalmente no beneficia a nadie. Las empresas operan en una precariedad jurídica que no desean y los propietarios ven postergada su buena fe. El diagnóstico final indica que el equilibrio de poder y la seriedad en la negociación solo regresan cuando el propietario restablece la soberanía sobre su predio, cansado de ser el único responsable de asumir el costo de la continuidad de los servicios de telecomunicaciones.

La jurisprudencia chilena ha sido clara: la necesidad de conectividad no es un “cheque en blanco” para vulnerar la propiedad privada, es así como la falta de regulación específica y la ausencia de canales fluidos de conversación entre las empresas y las personas generan un desgaste que, al final del día, solo encarece las mesas de negociación.

Ante este diagnóstico, el camino hacia una solución no debe basarse en la confrontación, sino en el restablecimiento de la visibilidad. El desafío actual radica en rehumanizar y dotar de rigor técnico a una relación que el diseño global ha despersonalizado.

Teóricamente, la solución resultaría simple: que los operadores de telefonía tomen consciencia del dramático desgaste que generan ciertos diseños corporativos en las relaciones con el territorio, integrando la gestión de sus contratos de arriendo dentro de su propio marco ético empresarial. De lo contrario, solo quedará la vía de reforzar las normativas y la fiscalización pública, regulando definitivamente los estándares que deben aplicarse a los arriendos para infraestructuras de telecomunicaciones. Es imperativo reconocer este elemento como crítico para la conectividad del país y exigir mayores responsabilidades a empresas vinculadas con un servicio tan esencial para la comunidad, pues el arriendo de un terreno para un servicio público crítico no puede recibir el mismo trato que el arriendo de una vivienda o un negocio con finalidades puramente particulares.

Solo cuando se logra romper este círculo de falta de respuestas y se devuelve la seriedad al intercambio comercial, el "gigante de hierro" y el dueño de casa podrán volver a sentarse en la misma mesa, reconociéndose nuevamente como lo que siempre debieron ser: socios esenciales para la conectividad del país.

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"Don Julian y el Gigante de Hierro"