La “Disponibilidad y la Voluntad” en el despliegue de Infraestructura 5G.
Muchísimo interés generó la consulta pública del Plan Nacional 5G que realizó la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), registrando un total de 40 participaciones. La consulta contempló 22 preguntas que fueron respondidas tanto por personas naturales como jurídicas, respecto a distintos ámbitos que debería considerar la futura implementación de la red 5G.
En particular este artículo aborda un análisis de las respuestas por parte de los participantes con respecto a las preguntas 14 y 15 de la consulta, las cuales fueron referidas al planteo de mecanismos de fomento y compartición de infraestructura pasiva.
Compartición de infraestructura
Gran parte de las empresas respondieron que los mecanismos de compartición de infraestructura deben estar bajo un modelo de acuerdos comerciales voluntarios libremente negociados entre los operadores, sin necesidades de nuevas regulaciones. Bajo esta lógica encontramos a empresas tales como 5G Américas, ASIET y el Colegio de Ingenieros de Chile A.G.
Claro Chile (Claro), Telefónica, Ericsson Chile (Ericsson), Nokia Solutions (Nokia) y GSMA SRL, plantean también el concepto de acuerdo voluntario de compartición, sin embargo no descartan la opción de un modelo regulatorio que fomente e incentive dicha compartición, lo cual esta en concordancia por lo planteado por Facebook, la cual menciona que Subtel debe promover dicha compartición.
GTD por su parte plantea la necesidad de establecer una serie de incentivos, destacándose la opinión de que la adjudicación de concesión deba tener necesariamente una oferta de facilidades para la infraestructura por parte de los operadores, lo cual también es planteado a través de un mecanismo de puntajes por la Asociación Gremial de Consultoras de Telecomunicaciones.
Por otra parte empresas tales como Telxius y ATC Sitios de Chile (ATC) plantean que el despliegue debe ser a través de incentivos que permitan que este tipo de empresas (operadores de infraestructura) sean el principal ente de inversión en infraestructura, dado que la experiencia, impacto y beneficios estaría garantizada. Dentro de esta línea se encuentra Redvoiss, quien plantea que debe existir una desagregación total de infraestructura y operadores, y la necesidad de crear empresas de este tipo, sin embargo esta figura ya existe a través de los Operadores de infraestructura. GSMA SRL y GTD también destaca la importancia de este tipo de operadores.
WOM S.A. (WOM) plantea que se debe perfeccionar la regulación de modo de asegurar el acceso a la infraestructura, lo que concuerda con la opinión de VTR Comunicaciones S.A. (VTR) planteando ambas que la compartición debe ser una regla general, bajo criterios de disponibilidad y un precio adecuado.
Totalmente contraria a todas las opiniones anteriores, Entel opino que no se requiere de nuevas regulaciones y que la compartición de infraestructura ya está regulado a través de la ley de antenas, apostando en su discurso a un modelo de desarrollo de competencia de redes y además evitando el free riding de otros operadores, es decir que la competencia tenga derechos sobre su infraestructura a bajos precios o gratuitamente. Este concepto de free riding se utiliza en economía por aquellos que reciben un beneficio por utilizar un bien o servicio pero evitan pagar por él. Evidentemente Entel apuesta con dichas afirmaciones a una competencia en infraestructura que conlleva a mantener la posición relevante en la cual al día de hoy mantiene una fuerte ventaja.
Opinión Consiglio: Es evidente que la compartición será necesaria y que se debe buscar incentivos para ello, sin embargo creemos que la propuesta de los libres acuerdos entre operadores, no es suficiente. Hoy los Operadores expresan mucha disponibilidad, sin embargo nada garantiza que a futuro exista la voluntad de compartir, por lo cual esta libertad de acuerdos que plantean debe necesariamente estar enmarcada dentro de algún sistema de compartición de infraestructura, con reglas claras respecto de precios, condiciones y compensaciones, además debiera ser regulada por la Fiscalía Nacional Económica y fiscalizado por Subtel, de esta manera se evitan los extremos entre el free riding y la supremacía de infraestructuras como elemento de competencia.
De igual modo consideramos que son los Operadores de infraestructura los que deberán jugar un papel fundamental en el despliegue de la requerida infraestructura. A modo de ejemplo mencionamos que ATC en los últimos años es el que mas estructuras ha instalado el país, por sobre los operadores convencionales, alcanzando al 36,69% del total de permisos emitidos desde la entrada en vigencia de la Ley de Antenas (según estudio de catastro realizado por nuestra empresa), lo cual garantiza la experiencia de dicha empresa frente al reto de despliegue futuro.
Necesidad de Modificar la Ley de Antenas
El Colegio de Ingenieros de Chile A.G., Claro, la Asociación Gremial de Consultoras en Telecomunicaciones y GSMA SRL plantean directamente La necesidad de modificar, flexibilizar o revisar la Ley de Antenas, sin embargo no profundizan en los cambios requeridos. Otros tales como Wom y Telxius, hacen este planteamiento de forma indirecta, sin embargo tampoco hacen propuestas específicas al respecto.
ATC, Ericsson, Facebook, SBA y Telefónica plantean la necesidad de modificar la Ley de Antenas con el objetivo de reducir los tiempos de trámites y requerimientos. SBA complementa con otros puntos tales como la ampliación del radio para declaración de zona saturada y la revisión de los requisitos de camuflaje, y adicionalmente plantea la necesidad de disponer espacios de espacios en bases de licitación de obras publicas y la modificación del catalogo Minvu.
Entel es el único que plantea que el despliegue y compartición de infraestructura deben realizarse de acuerdo a la Ley de Antenas vigente, sin requerir cambio alguno a la misma.
Opinión Consiglio: En gran parte de las opiniones solo se mencionan cambios a la Ley de antenas respecto a flexibilización y la reducción de plazos, sin embargo no se mencionan cambios específicos para esto. Los operadores se han quejado permanentemente de que los plazos para la obtención de permisos es demasiado extenso, sin embargo la realidad apunta a que dichos plazos generalmente se extienden más allá de lo formal por problemas de forma y no de fondo, esto debido a que las municipalidades rechazan generalmente permisos por solicitudes incompletas, y que los operadores deben ir subsanando para su aprobación, generando un extenso “pinponeo” entre operadores y municipalidades.
Una mayor prolijidad al momento de solicitar permisos por parte de los operadores efectivamente reducirá plazos. Por otra parte hacer cambios en materias de plazos es complejo, sobretodo que la tendencia legislativa de estos últimos años apunta a ampliar algunos plazos para que exista una posibilidad real de participación por parte de vecinos y juntas de vecinos.
Los objetivos de la ley de antenas en cuanto a la armonización, la colocalización y la reducción de altura de las estructuras se ha cumplido a plenitud, sin embargo aspectos tales como la compensación a vecinos, el establecimiento de zonas preferentes y el esperado flujo de ingresos municipales no han tenido los efectos esperados.
En este aspecto se debe exigir a las municipalidades que establezcan sus zonas preferentes, pero a la vez hay que asesorarlas y capacitarlas al respecto, pues dichas zonas requieren de la funcionalidad requerida.
La compensación a vecinos ha sido poco implementada debido a la alternativa de las compañías a efectuar armonización en desmedro de la compensación. En este aspecto es importante definir en una futura modificación de la Ley que la obligatoriedad de la armonización sea un requisito fundamental para toda instalación urbana y evaluar la existencia, o en su defecto el alcance, de las obras de compensación a vecinos. Siempre entre estos dos ítems, armonización y compensación, se han mezclado “peras con manzanas”.
Lo más relevante quizás es que se debe modificar la forma en que se establecen los montos de los derechos municipales y montos de obras de compensación, la cual en la actualidad depende del costo total del proyecto informado por los operadores. En este aspecto las municipalidades no cuentan con herramientas para verificar dichos presupuestos y además se presta para eventuales omisiones por parte de los operadores para rebajar derechos.
Adicionalmente los proyectos de modificación de la Ley en aprobación existente, tienen matices bastante populistas y carentes de actualidad y sentido, pocos ítems son rescatables de los mismos y en general no están abordando reales soluciones y solo crearan nuevas trabas para la implementación de infraestructura.
Las necesidades de infraestructura necesariamente implicarán mejoras a la Ley, que permita mayor flexibilización, regulación e información, pero que adicionalmente “establezca un equilibrio entre todos los actores involucrados”, ya sea operadores, municipalidades, vecinos, propietarios de terrenos, etc.
Disponibilización de infraestructura en bienes públicos
Entel, ASIET, WOM, Claro, GSMA SRL y Nokia, plantean la necesidad de disponibilizar y promover la infraestructura pública pasiva y entre los principales ejemplos de este tipo de infraestructura se mencionan las concesiones de autopista, puentes, túneles, edificios públicos, cuarteles de carabineros, bomberos, plazas, terrenos, quioscos, paraderos, etc.
Telefónica adicionalmente a lo anterior plantea que Subtel declare la imprescindibilidad del servicio móvil, en caso de que el concesionario no llegue a acuerdos con la entidad que administre los inmuebles públicos en donde se pretende instalarse.
Opinión Consiglio: Nos parece excelente idea el incorporar cierta disponibilidad de implementación a través de nuevas concesiones de obras públicas, pero esto debiera estar debidamente regulado.
La disponibilidad en terrenos rurales a través del Ministerio de Bienes Nacionales siempre ha existido, principalmente en zonas rurales, muchas estructuras están instaladas a través de arriendos con dicho ministerio, además que los recientes acuerdos anunciados entre este Ministerio y Subtel facilitaran aún más dicha disponibilidad.
Los cuarteles de bomberos principalmente son de propiedad privada o se trata de inmuebles en comodato, por lo cual no puede considerarse en esta categoría, y siempre ha existido disponibilidad debido a que existen muchísimas instalaciones de operadores en dichos cuarteles a través de contratos de arriendo.
El principal problema apunta a la poca disponibilidad de espacios públicos existente en zonas urbanas, esto debido a que son las municipalidades las entidades administradoras de dichos espacios. En este aspecto las municipalidades generalmente se han manifestado contraria a este tipo de instalaciones, sumado a que muy pocas han establecido las zonas preferentes de instalación, y en gran parte, las que si lo han hecho, han establecido zonas poco funcionales para dichas instalaciones.
En este aspecto “las municipalidades carecen de voluntad y atentan directamente contra la disponibilidad de implementación de infraestructura”. El mejor ejemplo de esto es la no concurrencia a la consulta pública por parte de las municipalidades y/o algunas de sus asociaciones, la cuales tienen prácticamente invisibilizado el tema, dando a parecer que poco les interesa, pese a que son estas entidades uno de los actores más relevantes en la disponibilidad de espacios y los principales y únicos agentes para la aprobación de permisos de instalación. En este aspecto existe una brecha significativa que abordar para capacitar, educar y orientar a los municipios, que aún están alejadísimas de entender los beneficios de la nueva tecnología.
Con respecto al planteamiento de Telefónica, solo podemos mencionar que nos parece impresentable. “El fin no puede justificar los medios”.
Disponibilización de infraestructura en bienes privados
Entel y VTR, plantean la necesidad de disponibilizar las fachadas de edificios para favorecer el adosamiento. GSMA SRL por su parte plantea la necesidad de disponibilizar las azoteas de edificios privados.
SBA plantea la necesidad de modificar la Ley de Copropiedad Inmobiliaria mediante la rebaja de quórums para facilitar la instalación en azoteas de edificios.
Nuevamente Telefónica plantea que Subtel declare la imprescindibilidad del servicio móvil, en caso de que el concesionario no llegue a acuerdos con el dueño del inmueble privado en donde se pretende instalarse.
Opinión Consiglio: Parece extraño que se plantee que se debe disponibilizar fachadas o azoteas de edificios privados, dado que estas siempre han estado disponibles. Estos espacios en edificios son considerados bajo la Ley de Copropiedad como parte de bienes comunitarios y como tales pueden ser arrendados, previo acuerdo económico entre las partes, requiriendo para esto una aprobación de los copropietarios vía asamblea extraordinaria bajo ciertos quórums. Además estos espacios tienen la ventaja por sobre otras instalaciones de que solo requieren de aviso de instalación.
Nos parece correcto eso sí revisar los quórums requeridos para dichas asambleas mediante la modificación de la Ley de Copropiedad, lo cual Consiglio, al igual que SBA, ya planteo en sus respuestas a la consulta y en todo caso se trata de un aspecto que se ya está considerando para la modificación de la Ley de Copropiedad actualmente vigente.
Como mencionamos anteriormente nos parece impresentable el planteamiento de Telefónica, que pretende que por vía de la imprescindibilidad se obligue a privados a disponer de espacios en caso de no llegar a acuerdos económicos por ello. Así como Telefónica plantea que debe haber acuerdos libres entre operadores para la compartición, de igual forma es razonable que se llegue a acuerdos entre operadores y privados para la disposición de espacios, en forma libre y sin obligatoriedad. Esta propuesta es lo más cercano a una expropiación y probablemente se prestaría para todo tipo de abusos económicos por parte de los operadores. No es posible que el operador disponga el valor del retazo a arrendar y debe ser un acuerdo entre partes, bajo un concepto de equilibrio de mercado. La disponibilidad no puede ser confundida por parte de los operadores como gratuidad u obligación, ni puede ir contra la voluntad y los derechos de los propietarios de posibles emplazamientos.
Necesidades de educación
SBA plantea la necesidad de medidas comunicacionales para la población, municipalidades y juntas de vecinos, con el objetivo de concientizar a dichos actores sobre la importancia del despliegue de 5G, como así también indica que Subtel cuente con los recursos necesarios para dicha labor.
Telefónica por su parte, plantea que Subtel solicite la colaboración a los distintos organos de la Administración del Estado, empresas publicas y Municipalidades para facilitar la instalación de infraestructura.
Opinión Consiglio: La capacitación de los municipios es esencial.
¿Que podemos esperar si la Asociación Chilena de Municipalidades entre sus propuestas de modificación de la ley de antenas presentada el año 2016 planteo que deben existir zonas de exclusión urbana de 1,5 kilómetros alrededor de una torre soporte antenas?
Es necesario capacitar sobre cómo funciona una red de telecomunicaciones, cuáles son sus requisitos técnicos para levantar infraestructura, las ventajas del 5G, la necesidad de las zonas preferentes “funcionales”, derribar mitos respecto a los cuestionamientos sobre la salud, dar a entender que esto es más que un negocio para los operadores, es una oportunidad de desarrollo para cada comuna y en general para todo el país. Esta capacitación debe abordarse con un plan más profundo que signifique hacer capacitación puerta a puerta a todos los alcaldes y concejales del país.
De igual forma se debiera capacitar a nuestros parlamentarios, así se evitarían propuestas poco ajustadas a la realidad, en las cuales estos proponen leyes que desincentivan el despliegue de infraestructura, tales como la obligatoriedad de permisos medioambientales hasta en zonas urbanas, posibles demandas de vecinos a quien arriende un espacio para una torre, ampliación de radios de zonas sensibles, etc.
En fin, educar, capacitar, dar a entender como funciona una red de telecomunicaciones y cuales son las prioridades del país en nuestra opinión es la clave y la prioridad absoluta, para que así todos los actores publicos que tienen injerencia en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones puedan tomar decision objetivas y acertadas en linea con la prioridades del país.
