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Ley de Antenas 2.0: El futuro incierto de las telecomunicaciones en Chile

April 12, 2018

 

 

Modificaciones de la ley remitidas al senado.

 

Vecinos podrían demandar a quien autorice a instalar una antena en su propiedad.

 

En junio de este año se cumplirán seis años de la entrada en vigencia de la ley N° 20.599, también conocida como la “Ley de Antenas”, cuyos principales objetivos fueron el reducir el impacto urbanístico de estas instalaciones, el abrir espacios de participación ciudadana a nivel local de forma previa a la entrega de los permisos municipales y cautelar de manera preventiva la salud de las personas.

 

En marzo del año pasado, la Cámara de Diputados remitió al Senado un proyecto que modifica la ley general de urbanismo y construcciones (LGUC) en materia de instalación de torres soporte de antenas de telecomunicaciones, luego de ser aprobado por la instancia legislativa. Esta nueva iniciativa legal pretende perfeccionar la ley, en aspectos tales como la notificación de los vecinos afectados, los plazos para el otorgamiento de permisos de instalación de soportes de antenas, la regulación de sus instalaciones, las medidas de compensación a los vecinos afectados, y la identificación de las empresas de telecomunicaciones que hacen uso del soporte de antenas, entre otras materias.

 

Presentamos en este artículo que es lo que se pretende modificar y daremos nuestra opinión respecto a cada una de estas propuestas.

 

 

1. Respecto a las zonas sensibles (Artículo 116 bis E de la LGUC)

 

a) Las nuevas modificaciones plantean ampliar desde 50 metros a 100 metros la distancia mínima de emplazamiento de torres soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones dentro de zonas sensibles, es decir establecimientos educacionales públicos o privados, salas cuna, jardines infantiles, hospitales, clínicas o consultorios, predios urbanos donde existan torres de alta tensión, ni hogares de ancianos u otras áreas sensibles de protección así definidas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

 

Para analizar esta propuesta debemos visualizar el contexto de la misma, indicando que la instalación de antenas en medio de zonas urbanizadas ha generado múltiples controversias a nivel mundial, sobre todo porque aún no hay claridad suficiente respecto de si éstas producen daño a la salud de las personas, existiendo estudios científicos que apuntan en uno u otro sentido. Frente a esta incertidumbre, la comunidad internacional ha venido desarrollando una legislación que apunta a la aplicación del denominado “principio precautorio”. Dicho principio, que tuvo su origen en la legislación medioambiental alemana de principios de los años 70 del siglo pasado, ha sido consagrado en diversos convenios internacionales, de los cuales el Estado de Chile es parte. Tal es el caso de la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que lo consagra en su artículo 15. Se ha establecido en dichos instrumentos que los Estados deben aplicar este principio cuando existan casos de incertidumbre científica sobre los efectos nocivos de un determinado contaminante. En consecuencia, la falta de certidumbre no es razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir el daño a la salud humana o la degradación del medio ambiente.  De acuerdo a lo anterior, el “principio precautorio” es aplicable respecto a la exposición a las emisiones de fuentes fijas de campos electromagnéticos.

 

 En este contexto la Ley de Antenas recogió este concepto y definió zonas sensibles en los cuales no pueden instalarse torres, esto es a menos de 50 metros de los tipos de establecimientos mencionados en el enunciado, además mediante una normativa técnica se puso límite a la exposición a las emisiones de las antenas y de los teléfonos celulares. En el caso de las antenas, la norma chilena de protección está en el promedio de las cinco normas más estrictas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El límite máximo de potencia para las antenas permitido en Chile es en promedio 10 veces más bajo que lo recomendado por la OMS y hasta 100 veces más bajo que lo autorizado en países desarrollados como Estados Unidos.

 

Sin embargo, con posterioridad a la entrada en vigencia de Ley de Antenas han existido diversas propuestas por parte de los parlamentarios para cambiar este distanciamiento de 50 metros.

 

¿Que puede haber cambiado para redefinir por parte de los parlamentarios esta distancia? La respuesta es simple, “absolutamente nada”. No ha salido a la fecha ningún estudio realmente serio que indique problemas de salud por la cercanía a antenas celulares, sino todo lo contrario.

 

Tal como lo indica un artículo del diario La segunda del 16 de Mayo del 2015,  destacamos que “Para refutar que las antenas de telefonía celular pueden causar daño a la salud debido a la radiación de las ondas electromagnéticas que emiten, la Asociación de Telefonía Móvil encargó al Dictuc —filial de la UC— un estudio para medir la situación en nuestro país.  Y tras realizar 450 mediciones en las quince capitales regionales, concluyó que la densidad promedio de la potencia radioeléctrica —medida de la radiación, en microwatts (µW) por cm2— de las antenas celulares alcanzó los 0,07 µW/cm2, casi quince veces menos que la norma exigida para antenas cercanas a hospitales, establecimientos educacionales y otros lugares sensibles —de 10 0,07 µW/cm2—, y casi 140 veces menor a la exigida en espacios exteriores normales, de 100 µW/cm2. El subgerente del área de servicios eléctricos del Dictuc y responsable del estudio, Diego Veas, señaló que en el interior de recintos el resultado puede ser de cien a mil veces menor aún, por la separación del exterior. El punto más alto encontrado en el estudio es la esquina de Las Condes con la calle La Trilla en Santiago, debido a la baja altura de las antenas del lugar. Pero, explicó el experto, los niveles de radiación donde se puede esperar algún tipo de daño a las personas son mucho mayores.”

 

Más recientemente, el 4 de Abril del 2018, el Diario La segunda publicó un artículo en que se desacredita el principal estudio que relaciona a las antenas celulares con el cáncer, comparando el posible daño que producen con el té, el café, la sacarina, el paracetamol o las tintas para impresoras (recomendamos leer nuestro articulo relacionado: Desacreditado principal estudio que relacionaba antenas y cáncer).

 

¿Qué se persigue entonces con esta modificación de distancias? ¿Quizás, fortalecer la medida precautoria? Es extraño pues técnicamente aumentar la distancia de los establecimientos a una torre de celular produce exactamente el efecto contrario.

 

Técnicamente es más seguro montar una torre exactamente en el lugar del establecimiento, esto se explica porque las antenas de telefonía están diseñadas de tal forma que la radiación electromagnética se proyecta de forma horizontal y con una leve inclinación hacia el suelo. Por ello, el espacio situado inmediatamente debajo de una antena prácticamente no recibe radiación de esa antena, de hecho recibe más radiación procedente de otras antenas situadas a cientos de metros de distancia. Ya lo advirtió frente a la comisión que evalúa esta propuesta de modificación de la ley, don Alex Gallardo de Subtel, mencionando que “la distancia a la que se instala una torre es determinante para dar cobertura de telecomunicaciones a un lugar, por lo que, si al lado de un colegio, donde no se permite instalar infraestructura, hay una zona residencial, ésta se quedará sin cobertura o la que tenga será de mala calidad, porque la instalación de sistemas radiantes persigue también dotar a las redes de una cierta capacidad de transmisión. Por eso es que no da lo mismo si se preten­de normar la instalación de antenas o la de torres soportantes. Estando zanjado el tema de las emisiones, cree que el foco debiera estar puesto en lo urbanístico y, en tal sentido, una solución para las zonas sensibles sería aumentar la altura de las torres hasta los 30 metros, lo que permitiría mayor cobertura y capacidad, con una disminución considerable en la radiación desplegada sobre esas áreas sensibles “.

 

Por otra parte, en esta misma instancia, don Pedro Huichalaf, ex Subsecretario de Telecomunicaciones menciona que “…la propia ley ordena que Chile se ubique, en materia de normas de emisión electromagnética, dentro de los cinco países más exigentes del mundo. Producto de ello, las normas de emisión vigentes en nuestro país son mucho menores que las estadounidenses, por ejemplo, y responden al principio precautorio, pues no hay estudios concluyentes para determinar que ellas afectan la salud de las personas como tampoco para determinar lo contrario. Por lo mismo, aun cuando hay una gran cantidad de antenas instaladas hoy a lo largo del territorio, no hay zonas saturadas de emisiones, pues la suma de todas ellas no supera los límites establecidos para los distintos sectores. Esto se verifica en terreno mediante el uso de instrumentos de medición y cualquier ciudadano puede pedir que se lleve a efecto este procedimiento. En conclusión, desde el punto de vista técnico, las antenas que están actualmente localizadas en postes generan mucho menos emisiones que un horno de microondas o un teléfono móvil. Sin perjuicio de ello, Subtel siempre revisa las emisiones, tanto cuando se instalan como cuando se hace la recepción de las antenas, y por eso tiene plena seguridad de que están cumpliendo la norma”.  Frente a esta aseveración, la pregunta obvia es ¿cual es  la potencia emitida por un teléfono móvil? Pues bien, La potencia máxima emitida puntual es de 2 W pero los valores típicos máximos de potencia media oscilan entre 125 mW y 250 mW, es decir, hasta 8 veces menor según el tipo de terminal y la banda de frecuencia utilizada. No obstante, en condiciones normales, los teléfonos móviles emiten niveles inferiores a sus potencias máximas, dado que el valor de potencia emitido en cada momento se controla mediante una funcionalidad llamada control de potencia, de forma que se utiliza la mínima necesaria para mantener la comunicación. Esto permite minimizar los niveles de exposición y evitar interferencias en el sistema. El valor de potencia emitido por un aparato celular depende en gran medida de la distancia a la estación base, siendo mayor a mayor distancia.

 

Entonces, ¿debiera prohibirse el uso de celulares al interior de los establecimientos mencionados?, parece bastante ilógico.

 

Nos volvemos entonces a preguntar ¿Que busca esta modificación a la Ley, disminuir los riesgos en materia de salud? No nos parece.

 

Destacamos el gran acierto del Diputado René Manuel García, quien en las discusiones de este proyecto planteaba lo siguiente: “Entonces, nos encontramos en una disyuntiva: ¿Aprobamos este proyecto para quedar  bien con la gente o para beneficiarla de verdad?”. El mismo diputado planteaba: “Debemos escuchar a los técnicos, a las personas que entienden el problema, en lugar de hacer lo que nosotros creemos que es lo mejor. Ya nos pasó con la ley que regula el uso de las sillas de los niños en los automóviles, con la que regula el uso de los estacionamientos y con muchas otras, así como con la reforma tributaria, porque por hacernos los sabios, no escuchamos a las personas que realmente entienden los problemas que estamos viendo aquí. El mayor ignorante del mundo es el que cree que lo sabe todo“.

 

Cuál sería el voto de Consiglio: “Se rechaza, pues no vemos que esta modificación este basada en un argumento técnico que permita decir que esta medida protege aún más la salud de las personas, sino todo lo contrario.”

 

 

b) Elimina las excepciones respecto a lo anterior incluidas en la ley vigente que permite instalar torres de más de 3 y hasta 12 mimetizadas y  de menos de 3 sean mimetizadas o no.

 

Como toda excepción, esta generalmente es vista como un truco para evadir lo propuesto. En este aspecto se valora por nuestra parte el eliminar toda excepción establecida en la Ley de Antenas vigente.

 

Cuál sería el voto de Consiglio: “A favor”.

 

 

2. Sobre las torres de más de 12 metros (Artículo 116 bis F)

 

a) Indica que las Municipalidades deberán informar al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en un plazo máximo de un mes desde la dictación de las ordenanzas que indican las zonas preferentes para instalación de estructuras de más de 12 metros, tanto en cuanto a su fecha de dictación como a su contenido.

 

La ley de Antenas vigente, obliga a las municipalidades que mediante ordenanza, establezcan zonas preferentes para la instalación de antenas. Sin embargo muchas Municipalidades no lo han hecho aún a la fecha, o algunas simplemente solo para cumplir han establecido zonas preferentes en zonas que realmente no sirven para emplazar nuevas antenas, pues se establecen fuera del radio urbano, generalmente en cerros.

 

Además cualquier información que permita una mayor fiscalización respecto a estas temáticas, o bien otorgue mayores posibilidades de transparencia hacia los ciudadanos, parece ir por la vía correcta.

 

Cuál sería el voto de Consiglio: “A favor”.

 

b) Se elimina la excepción del cumplimiento de las normas sobre distanciamientos de las estructuras que, con el solo objetivo de colocalizar una nueva antena o sistema radiante de otro operador, deban modificar su altura, debiendo estas cumplir también con distanciamientos y rasantes.

 

Como indicamos anteriormente, no estamos a favor de las excepciones, estas generalmente son vistas como “trucos” por parte de la ciudadanía, para evadir lo dispuesto. En este aspecto se valora por nuestra parte el eliminar toda excepción establecida en la Ley de Antenas vigente.

 

Cuál sería el voto de Consiglio: “A favor”.

 

c) Se incorpora que a las solicitudes de permisos de instalación se deben acompañar los contratos de arrendamiento que recaigan sobre los inmuebles en los que se instalarán las torres soportes de antenas de telecomunicaciones, los cuales obligatoriamente deberán ser por escritura pública y subinscritos al margen de la inscripción de dominio del inmueble arrendado.

 

Acá se debe aclarar que en la mayoría de los permisos solicitados por los operadores se incorpora el contrato de arrendamiento y que este en general siempre es por escritura pública.

 

Aún más, prácticamente todos los contratos de arrendamiento son inscritos al margen de la inscripción de dominio del inmueble arrendado. Esto tiene una razón de ser para las compañías, pues de esta forma se aseguran continuidad en el tiempo en caso de fallecimiento del propietario o de enajenación del inmueble, debido a que al estar inscrito los herederos o el nuevo dueño está obligado a dar continuidad al contrato.

 

Ahora bien, “lo que redunda no daña”, por lo que parece una medida adecuada para establecer algo que en la práctica igual se da.

 

Cuál sería el voto de Consiglio: “A favor”.

 

d) Se amplía el plazo de antelación para que el operador envíe la carta de notificación a los vecinos y juntas de vecinos informando de la instalación de la estructura, el proyecto y las propuestas para minimizar el impacto urbanísticos y propuestas de obras de mejoramiento de 30 días a 60 días y se especifica que son 60 días hábiles.

 

En general cualquier ampliación de plazos, en especial los que se refieren a la participación ciudadana, nos parece bien. La Ley de Antenas vigente otorga plazos muy reducidos para que los vecinos se organicen para establecer acciones frente a los derechos que se les otorgan. Además parece correcto que estos sean en días hábiles.

 

Cuál sería el voto de Consiglio: “A favor”.