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Ley de Antenas 2.0: El futuro incierto de las telecomunicaciones en Chile

April 12, 2018

 

 

Modificaciones de la ley remitidas al senado.

 

Vecinos podrían demandar a quien autorice a instalar una antena en su propiedad.

 

En junio de este año se cumplirán seis años de la entrada en vigencia de la ley N° 20.599, también conocida como la “Ley de Antenas”, cuyos principales objetivos fueron el reducir el impacto urbanístico de estas instalaciones, el abrir espacios de participación ciudadana a nivel local de forma previa a la entrega de los permisos municipales y cautelar de manera preventiva la salud de las personas.

 

En marzo del año pasado, la Cámara de Diputados remitió al Senado un proyecto que modifica la ley general de urbanismo y construcciones (LGUC) en materia de instalación de torres soporte de antenas de telecomunicaciones, luego de ser aprobado por la instancia legislativa. Esta nueva iniciativa legal pretende perfeccionar la ley, en aspectos tales como la notificación de los vecinos afectados, los plazos para el otorgamiento de permisos de instalación de soportes de antenas, la regulación de sus instalaciones, las medidas de compensación a los vecinos afectados, y la identificación de las empresas de telecomunicaciones que hacen uso del soporte de antenas, entre otras materias.

 

Presentamos en este artículo que es lo que se pretende modificar y daremos nuestra opinión respecto a cada una de estas propuestas.

 

 

1. Respecto a las zonas sensibles (Artículo 116 bis E de la LGUC)

 

a) Las nuevas modificaciones plantean ampliar desde 50 metros a 100 metros la distancia mínima de emplazamiento de torres soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones dentro de zonas sensibles, es decir establecimientos educacionales públicos o privados, salas cuna, jardines infantiles, hospitales, clínicas o consultorios, predios urbanos donde existan torres de alta tensión, ni hogares de ancianos u otras áreas sensibles de protección así definidas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

 

Para analizar esta propuesta debemos visualizar el contexto de la misma, indicando que la instalación de antenas en medio de zonas urbanizadas ha generado múltiples controversias a nivel mundial, sobre todo porque aún no hay claridad suficiente respecto de si éstas producen daño a la salud de las personas, existiendo estudios científicos que apuntan en uno u otro sentido. Frente a esta incertidumbre, la comunidad internacional ha venido desarrollando una legislación que apunta a la aplicación del denominado “principio precautorio”. Dicho principio, que tuvo su origen en la legislación medioambiental alemana de principios de los años 70 del siglo pasado, ha sido consagrado en diversos convenios internacionales, de los cuales el Estado de Chile es parte. Tal es el caso de la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que lo consagra en su artículo 15. Se ha establecido en dichos instrumentos que los Estados deben aplicar este principio cuando existan casos de incertidumbre científica sobre los efectos nocivos de un determinado contaminante. En consecuencia, la falta de certidumbre no es razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir el daño a la salud humana o la degradación del medio ambiente.  De acuerdo a lo anterior, el “principio precautorio” es aplicable respecto a la exposición a las emisiones de fuentes fijas de campos electromagnéticos.

 

 En este contexto la Ley de Antenas recogió este concepto y definió zonas sensibles en los cuales no pueden instalarse torres, esto es a menos de 50 metros de los tipos de establecimientos mencionados en el enunciado, además mediante una normativa técnica se puso límite a la exposición a las emisiones de las antenas y de los teléfonos celulares. En el caso de las antenas, la norma chilena de protección está en el promedio de las cinco normas más estrictas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El límite máximo de potencia para las antenas permitido en Chile es en promedio 10 veces más bajo que lo recomendado por la OMS y hasta 100 veces más bajo que lo autorizado en países desarrollados como Estados Unidos.

 

Sin embargo, con posterioridad a la entrada en vigencia de Ley de Antenas han existido diversas propuestas por parte de los parlamentarios para cambiar este distanciamiento de 50 metros.

 

¿Que puede haber cambiado para redefinir por parte de los parlamentarios esta distancia? La respuesta es simple, “absolutamente nada”. No ha salido a la fecha ningún estudio realmente serio que indique problemas de salud por la cercanía a antenas celulares, sino todo lo contrario.

 

Tal como lo indica un artículo del diario La segunda del 16 de Mayo del 2015,  destacamos que “Para refutar que las antenas de telefonía celular pueden causar daño a la salud debido a la radiación de las ondas electromagnéticas que emiten, la Asociación de Telefonía Móvil encargó al Dictuc —filial de la UC— un estudio para medir la situación en nuestro país.  Y tras realizar 450 mediciones en las quince capitales regionales, concluyó que la densidad promedio de la potencia radioeléctrica —medida de la radiación, en microwatts (µW) por cm2— de las antenas celulares alcanzó los 0,07 µW/cm2, casi quince veces menos que la norma exigida para antenas cercanas a hospitales, establecimientos educacionales y otros lugares sensibles —de 10 0,07 µW/cm2—, y casi 140 veces menor a la exigida en espacios exteriores normales, de 100 µW/cm2. El subgerente del área de servicios eléctricos del Dictuc y responsable del estudio, Diego Veas, señaló que en el interior de recintos el resultado puede ser de cien a mil veces menor aún, por la separación del exterior. El punto más alto encontrado en el estudio es la esquina de Las Condes con la calle La Trilla en Santiago, debido a la baja altura de las antenas del lugar. Pero, explicó el experto, los niveles de radiación donde se puede esperar algún tipo de daño a las personas son mucho mayores.”

 

Más recientemente, el 4 de Abril del 2018, el Diario La segunda publicó un artículo en que se desacredita el principal estudio que relaciona a las antenas celulares con el cáncer, comparando el posible daño que producen con el té, el café, la sacarina, el paracetamol o las tintas para impresoras (recomendamos leer nuestro articulo relacionado: Desacreditado principal estudio que relacionaba antenas y cáncer).

 

¿Qué se persigue entonces con esta modificación de distancias? ¿Quizás, fortalecer la medida precautoria? Es extraño pues técnicamente aumentar la distancia de los establecimientos a una torre de celular produce exactamente el efecto contrario.

 

Técnicamente es más seguro montar una torre exactamente en el lugar del establecimiento, esto se explica porque las antenas de telefonía están diseñadas de tal forma que la radiación electromagnética se proyecta de forma horizontal y con una leve inclinación hacia el suelo. Por ello, el espacio situado inmediatamente debajo de una antena prácticamente no recibe radiación de esa antena, de hecho recibe más radiación procedente de otras antenas situadas a cientos de metros de distancia. Ya lo advirtió frente a la comisión que evalúa esta propuesta de modificación de la ley, don Alex Gallardo de Subtel, mencionando que “la distancia a la que se instala una torre es determinante para dar cobertura de telecomunicaciones a un lugar, por lo que, si al lado de un colegio, donde no se permite instalar infraestructura, hay una zona residencial, ésta se quedará sin cobertura o la que tenga será de mala calidad, porque la instalación de sistemas radiantes persigue también dotar a las redes de una cierta capacidad de transmisión. Por eso es que no da lo mismo si se preten­de normar la instalación de antenas o la de torres soportantes. Estando zanjado el tema de las emisiones, cree que el foco debiera estar puesto en lo urbanístico y, en tal sentido, una solución para las zonas sensibles sería aumentar la altura de las torres hasta los 30 metros, lo que permitiría mayor cobertura y capacidad, con una disminución considerable en la radiación desplegada sobre esas áreas sensibles “.

 

Por otra parte, en esta misma instancia, don Pedro Huichalaf, ex Subsecretario de Telecomunicaciones menciona que “…la propia ley ordena que Chile se ubique, en materia de normas de emisión electromagnética, dentro de los cinco países más exigentes del mundo. Producto de ello, las normas de emisión vigentes en nuestro país son mucho menores que las estadounidenses, por ejemplo, y responden al principio precautorio, pues no hay estudios concluyentes para determinar que ellas afectan la salud de las personas como tampoco para determinar lo contrario. Por lo mismo, aun cuando hay una gran cantidad de antenas instaladas hoy a lo largo del territorio, no hay zonas saturadas de emisiones, pues la suma de todas ellas no supera los límites establecidos para los distintos sectores. Esto se verifica en terreno mediante el uso de instrumentos de medición y cualquier ciu